El año pasado se aprobó la Ley 2108 de 2021, la cual establece que Internet es un servicio público esencial y universal. El objetivo de esta norma es universalizar el acceso a Internet en todo el país, especialmente en las zonas más apartadas y de difícil acceso. La ley le ordena a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en un período de 10 meses, a adoptar un paquete de medidas reglamentarias diferenciales dirigido a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que brindan acceso a Internet fijo.
Cumpliendo con la norma, la Comisión de Regulación de Comunicaciones en los últimos meses ha trabajado en un marco regulatorio. Impacto TIC habló con Paola Bonilla, nueva Directora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), quien asumió el cargo en marzo de 2022.
Bonilla –además de explicar el alcance, creación e implementación de este marco regulatorio– también habló de otros proyectos que está adelantando la CRC enfocados en cerrar las brechas de conectividad en el territorio nacional.
Con la aprobación de esta la Ley se establece que Internet es un servicio esencial. La norma determinó un período de 10 meses para crear un proyecto regulatorio que llevará Internet fijo a zonas de difícil acceso, ¿cómo va ese proceso regulatorio?
El compromiso es crear un proyecto regulatorio que llevará Internet fijo a zonas rurales, apartadas y de difícil acceso. Específicamente está dirigida a operadores pequeños que tuvieran presencia en esos municipios y que tuvieran menos de 30.000 accesos.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene una metodología que se llama análisis de impacto normativo, y es una metodología que utiliza para poder expedir su regulación de carácter general. Esta metodología ya la llevamos aplicando hace varios años, como también la ley de modernización de las TIC. La Ley 1978 nos dio ese mandato de aplicar criterios de mejora regulatoria para los proyectos de carácter general.
En ese marco de análisis de marco normativo, la Comisión empezó a estructurar este proyecto regulatorio con una fase inicial donde se identificaba el problema que se pretendía atacar. También las alternativas regulatorias para poder darle solución y llevar Internet fijo a esas regiones apartadas y de difícil acceso.
Dentro de esa metodología de impacto normativo hay una socialización con la industria. En este momento nosotros estructuramos una propuesta regulatoria para ser estudiada y para poder llegar a una decisión final dentro del cumplimiento de los 10 meses.
Ya tenemos pública esa propuesta, recibimos los comentarios hasta el 25 de abril. Lo que hacemos ahora es analizar esa retroalimentación tanto de la industria como de usuarios y gremios. Luego se estructura la propuesta regulatoria final que está planteada para el segundo trimestre de este año.
¿Cuáles son las propuestas clave de este marco regulatorio?
Lo que estamos proponiendo, o la obligación que nos daba la ley que declaraba Internet como servicio esencial, es que la comisión tenía la obligación de generar un paquete de medidas regulatorias o de flexibilización de medidas regulatorias diferenciales aplicadas a esos municipios alejados.
Otro elemento importante es que la ley nos daba el mandato que esas medidas regulatorias se debían hacer sobre elementos que no fueran esenciales para la prestación del servicio, es decir, sobre elementos tales como: atención al cliente o la atención al usuario, los mecanismos de reporte de información de los operadores, o los mecanismos de reporte de indicadores. Mas no los que tenían que ver con temas tarifarios o temas de infraestructura porque estos elementos sí son considerados como esenciales para la prestación del servicio.
Teniendo esto claro, esas medidas regulatorias que se hicieron diferenciales son en temáticas como la atención al usuario, la atención al cliente, temas de reporte de información y de indicadores. ¿Por qué con ese enfoque?, porque estas temáticas para un operador que ofrece Internet representan una carga regulatoria, y como representan una carga regulatoria, representan un costo.
La idea con estas medidas es flexibilizar esos tópicos, haciéndolo más fácil para el operador con el fin de que se dé un ahorro en costos, y que ese ahorro lo puedan destinar a extender sus servicios y sus redes a esas regiones alejadas y de difícil acceso. Por eso, son condiciones que flexibilizan la regulación existente para que derive en un ahorro y como resultado en beneficio para el usuario. La idea es llevar Internet a esas regiones a través de estas medidas diferenciales y que los operadores puedan ampliar su cobertura en estas regiones que en muchos casos ni siquiera la tienen.
¿Qué tipo de comentarios se han recibido hasta el momento sobre este marco regulatorio?
Los comentarios están en fase de procesamiento y análisis, pero de manera general hay un punto bien importante y es que recibimos en esta ocasión comentarios también de las regiones, nosotros hicimos mucho énfasis en la socialización para que desde las regiones nos llegarán comentarios.
Hay comentarios que se refieren a las condiciones de calidad del servicio en esas regiones y otros que se refieren al alcance del proyecto que no deberían ser solo aquellos municipios pequeños con estos operadores que tengan menos de 30.000 accesos, sino que debería tener un alcance más grande en todo el territorio nacional, otros sobre la metodología, etc.
Después de este proceso, ¿Cuándo se iniciaría la etapa para su implementación?
Las medidas que se están proponiendo no tienen unos tiempos de implementación largos, en muchos casos se pueden hacer de manera inmediata o a corto plazo. Pero no hay un tiempo de implementación, porque en realidad como son medidas de atención al usuario, de indicadores y de reporte de información es más fácil.
En cuanto a los tiempos de la medida regulatoria, la ley establece que la medida regulatoria tiene que salir para el segundo trimestre de este año con una decisión final. Una vez nosotros recibimos los comentarios, estos se analizan, se hace un documento de respuesta y, al final, se establece qué se va a cambiar. De ahí se lleva la propuesta y son los miembros de la junta quien lo expide.
¿Qué departamentos o municipios apartados se beneficiarán con esta medida?
La comisión utilizó unos criterios económicos para poder saber a cuáles municipios llegar. Usamos una metodología de cluster de municipios en la que, a través de una comparación y unos cruces de unas variables socioeconómicas, llegamos a la conclusión de que esto debería aplicarse a 793 municipios, que equivale al 22 % de la población.
¿Qué variables se tuvieron en cuenta? Variables que definitivamente reflejan que son regiones apartadas, que son alejadas, que son de difícil acceso. Estas regiones por supuesto tienen unas características económicas muy particulares: son regiones de ingresos bajos, que no tienen acceso a servicios o que están alejadas geográficamente.
¿Qué otras medidas se están tomando desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones para disminuir la brecha de conectividad que tiene el país?
En este momento tenemos una estrategia para remover las barreras a la instalación de infraestructura en los diferentes municipios del país. Esta es una estrategia que la comisión viene trabajando hace un tiempo. La ley del Plan de Desarrollo le dio a la CRC esa competencia de identificar las barreras a la instalación de infraestructura en los municipios, y también de certificar aquellos municipios que se encuentren libres de barreras a la infraestructura.
Cuando hablo de infraestructura me refiero a las torres, los cables, todo el tema operativo que se necesita para la instalación de infraestructura en esos municipios, porque sin infraestructura, no hay Transformación Digital. En esa órbita de la remoción de las barreras a la infraestructura, la comisión viene haciendo un trabajo en varios frentes.
Un frente es la certificación de los municipios. Después de hacer un estudio de toda la normatividad del municipio, por ejemplo en los POT territoriales -en los que los municipios tienen autonomía- encontramos que muchas veces los POT tienen limitantes a la instalación de infraestructura. Además, también identificamos otros tipo de barreras normativas territoriales que procedemos a certificar. En este momento está certificado como libre de barrera de infraestructura el 57 % de los municipios. Todavía falta un camino largo por recorrer, pero se viene haciendo un trabajo muy articulado con el Ministerio TIC en este tema.
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El otro frente es el Índice de Favorabilidad al Despliegue de Infraestructura, que nos permite ver qué tan fácil y factible es para un municipio desplegar la infraestructura, allí podemos mapear qué municipios están teniendo mayores facilidades para el despliegue de infraestructura y cuáles no.
Hay otro frente bien importante, y es que hicimos un marco regulatorio de compartición de infraestructura TIC con la infraestructura del sector eléctrico para prestar servicios de telecomunicaciones. Este proyecto derivó en una reducción en los costos de la infraestructura mayores al 70 %. En este momento estamos en la fase 2 de este proyecto, mirando la posibilidad también no solo del sector eléctrico, sino de otros sectores que nos permita esa compartición. Como puede ver, esas 3 iniciativas van enfocadas únicamente al cierre de la brecha digital.
Por último, tenemos una estrategia de acercamiento a las regiones. Estamos haciendo visitas en Leticia, Cesar, Manizales, San Andrés y otras regiones para es identificar con los proveedores de servicios de comunicaciones y con los usuarios aquellas necesidades que tiene la región en términos de TIC, y a través de metodologías innovadoras crear soluciones que resuelvan esas problemáticas locales que se identifiquen.
La comisión está haciendo una tarea muy importante no solo en términos de despliegue de infraestructura o conectividad sino también en innovación. La idea es articular todas estas iniciativas con el fin de llegar a las regiones y en últimas cerrar la brecha digital.
Foto Principal: Furkan İnce en Pexels
