Bogotá es una ciudad que no brinda garantías al desarrollo de los servicios TIC. Es lo que se concluye al leer el ‘Índice de favorabilidad al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en las capitales del país’, de la CRC, que la califica con 23,75 puntos sobre 100, y la ubica en el puesto 24 entre 32 ciudades.
Reglas como el distanciamiento mínimo de las antenas respecto a centros educativos, geriátricos y de servicios médicos, así como entre las mismas estaciones de telecomunicaciones son algunas de las barreras que enfrentan las empresas que realizan el despliegue de infraestructura, necesaria para ampliar cobertura y mejorar el servicio.
A esto se suma la demora en el trámite administrativo para la instalación de dicha infraestructura, que antes de la pandemia podía extenderse hasta un año y se realizaba mediante expediente físico. Solo la contingencia logró que se simplificara, de forma temporal, para agilizar la respuesta a las necesidades de cobertura de internet.
Como resultado, hay zonas de la ciudad, urbanas y rurales, que presentan un servicio deficiente o ausencia de este, en perjuicio de las necesidades de conectividad de las personas que habitan o transitan por esos lugares.
En la teoría, con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la actual alcaldía, que se discute en el Concejo de Bogotá, estaríamos ante la posibilidad de corregir las falencias regulatorias locales que impactan de forma negativa en la competitividad no solo de la ciudad sino del país, por la baja digitalización de su economía, la demora en el cierre de la brecha digital y la millonaria inversión en conectividad que se pierde. Sin embargo, los obstáculos no se solucionan sino que aumentan.
Se restringen las antenas en zonas de patrimonio, lo que en principio dejaría al centro de la ciudad sin señal 3G, 4G y, eventualmente, 5G; cuando se ubiquen estaciones en espacio público solo podrá hacerse en andenes de más de 4 metros de ancho y en separadores de 2 metros, dejando por fuera amplias zonas de la ciudad que no tienen esas características, y se ordena camuflar las antenas en los edificios, lo que se convierte en una barrera que no tienen otras grandes ciudades del mundo.
Puedo seguir enumerando falencias del POT en materia de telecomunicaciones: como la imposición del soterramiento de redes en determinadas zonas, que frenaría el despliegue en los lugares donde está proyectado instalar fibra óptica (FTTH) que hoy no tienen. O el traspaso de la administración de estas al IDU. O el cobro que pretenden hacer por el uso del espacio público para desplegar precisamente un servicio público esencial y universal. Pero ya Andesco, la CRC y Asomóvil se lo han manifestado públicamente a la alcaldesa Claudia López y a los concejales.
No es coherente afirmar que este es “el POT de la equidad”, como lo ha hecho la alcaldesa, cuando se castiga el desarrollo de la infraestructura de Internet a meses de haber sido definido en el Congreso de la República como un ‘servicio público esencial y universal’, y menos cuando el 22 % de los hogares no tiene acceso en Bogotá, de acuerdo con el Dane.
El despliegue de redes TIC debe tener las mismas condiciones de instalación en el espacio público que las redes de otros servicios como energía, agua y gas.
La ciudad ocupa el puesto 120 de 174 ciudades medidas por el ranking mundial de ciudades inteligentes ‘Iese Cities in Motion 2020’. Y sin infraestructura el rezago será mayor, porque no es posible alcanzar la digitalización cuando se tiene una antena cada 1.600 habitantes, mientras que Tokyo cuenta con una cada 99 personas que la habitan; o cuando se dificulta el despliegue de fibra óptica por criterios estéticos, sin un análisis técnico de la afectación que puede generar al ordenar el soterramiento de las redes.
El Concejo es el espacio ideal para perfeccionar y corregir los artículos que impacten el desarrollo de Internet, a partir del análisis y discusión de los comentarios realizados en todos los temas del desarrollo de la ciudad que se abarcan. Además hay un código de buenas prácticas hecho por la CRC, que precisamente se ofrece como una guía para evitar ‘alcaldadas’ que perjudiquen el despliegue de las TIC en los 1.103 municipios que tiene Colombia.
Pero las antipatías políticas en el Concejo distrital no permiten llevar adelante un diálogo que facilite consensuar y alcanzar las reglas más adecuadas para trazar la ruta del desarrollo de Bogotá durante, por lo menos, los próximos 15 años.
No soy optimista, porque a este POT solo le quedan 2 opciones: salir por decreto o que se caiga. Y en ninguna se mejora la condición actual de la infraestructura TIC, que parece estar relegada a un segundo plano de la discusión, a pesar de que se está planeando una ciudad de cara al futuro. Incomprensible.
Imagen principal: Alejandro Alfaro M. (Unplash).
