Se ha repetido hasta el cansancio que las tecnologías están acelerando el mundo a una velocidad sin precedentes, pero la regulación que las delimita siempre va unos pasos atrás de ellas. En el caso del sector TIC colombiano, y sin que sean determinaciones de alta complejidad técnica, el ritmo se ha tornado exasperante por decisiones tardías y vacilantes del Ministerio de las TIC y organismos que lo orbitan, como la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Más allá del escándalo de Centros Poblados, que dejó a 2021 como un año perdido para el desarrollo de la industria telco local por la falta de rumbo en que cayó, la lentitud es la norma al tomar grandes determinaciones.
Prueba de ello fue la declaración de Claro como operador dominante por parte de la CRC luego de 4 años de estudios y análisis, sin siquiera tomar medidas concretas al respecto.
De ninguna manera significa que antes las decisiones se tomaran de forma ágil, porque esa es una palabra que riñe con el concepto de Estado. Sin embargo, hubo un programa a largo plazo que comenzó con la Ley 1341 de 2009 —conocida como la Ley TIC—, que incluso en 2012 fue reconocido por la GSMA en el Mobile World Congress de Barcelona como la política pública en telecomunicaciones más innovadora del mundo, gracias a un regulación de vanguardia y a cifras sobresalientes de masificación de Internet.
Si la ministra Carmen Ligia Valderrama quiere retomar el rumbo de su cartera y enviar un mensaje de liderazgo, sobre su escritorio hay varios temas que podría definir para comenzar con paso firme el 2022. Además, con la asignación del contrato de Internet para zonas rurales al consorcio de la ETB y SkyNet, ya demostró que es posible avanzar con celeridad.
Por ejemplo, en diciembre de 2020 el MinTIC y la ANE abrieron la consulta para decidir qué uso se dará a la banda de 6 GHz: si se subasta para 5G o se libera para mejorar la capacidad del Wi-Fi. En octubre pasado se publicó el proyecto de resolución, y a un año de iniciar el proceso no hay definiciones, mientras que países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Brasil y Perú tomaron medias hace tiempo.
En mayo pasado se anunció el acuerdo entre DirecTV y Movistar para que esta segunda se quede con el negocio de Internet de la empresa de televisión satelital, por medio de la cesión de 70 MHz de espectro, lo cual ya cuenta con el visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de competencia. Pero el Ministerio no se ha pronunciado luego de 7 meses en los que, incluso, DirecTV fue vendida al grupo argentino Werthein.
Con este trato surge la oportunidad de que un tercero subsane las obligaciones de expansión, despliegue, modernización y cobertura de 58 cabeceras municipales que DirecTV aparentemente incumplió desde 2018 —lo que originó una multa de 8.000 millones de pesos—, y que acoja a sus casi 200.000 clientes. Mientras que de no aprobarse, ese valioso y escaso espectro permanecería subutilizado, como lo ha estado desde 2013. ¿Por qué tanta demora?
Llaman también la atención los bandazos que se dan con respecto a WOM, que aterrizó en el país envuelto en la polémica por el cuestionable visto bueno al retiro de su oferta de 1,7 billones de pesos por uno de los lotes de espectro en puja durante la subasta de 2019, por un supuesto error de digitación.
Ahora, con la fusión de Wom y Avantel, que también se anunció en mayo, el MinTIC presenta un proyecto de decreto para cambiar la regulación vigente —la cual establece que en el caso de la cesión de espectro prevalece la condición de operador establecido—, para que esta primera mantenga el estatus de operador entrante, con todos los beneficios económicos y de competencia que esto implica en materia de interconexión y roaming.
Pero la responsabilidad no es exclusiva del gobierno, a pesar de la mala hora que vive el Ministerio de las TIC. La competencia en el sector ha llevado a una pugnacidad excepcional entre las empresas, poco vista en otros sectores del entramado productivo nacional, que lleva cualquier decisión administrativa a ser revisada por distintas instancias, lo que genera retrasos adicionales en la aplicación de medidas.
El dinamismo es la palabra que define a esta industria. Iniciativas como el Sandbox Regulatorio de la CRC demuestran que hay algo sobre lo que trabajar para evitar que la lentitud en la toma de decisiones administrativas genere más retrasos en la masificación de la banda ancha en el país, así como en la digitalización del comercio, la industria y las ciudades, haciéndonos perder competitividad no solo con respecto a los países de la Ocde sino a la región. Precisamente frente a los que sacábamos pecho hace una década.
Imagen principal: Anncapictures (Pixabay).
